Históricamente las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales han reivindicado que los médicos que trabajan para ellas
pudieran dar altas médicas de los trabajadores cuando estos están de
baja por una enfermedad común.
De hecho, en el Ministerio de Empleo están cocinando estos días una
nueva ley que reformará la regulación de estas entidades colaboradoras
de la Seguridad Social; y los dirigentes de las mutuas han intentado,
una vez más, que el Gobierno atienda esta reivindicación de la potestad
de dar altas médicas.
Sin embargo, parece que esta vez tampoco va a ser. A pesar de que la
propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometió a ello
públicamente durante una intervención en la Junta Directiva de la
patronal CEOE, en la que está incluida la patronal de las mutuas (AMAT),
según aseguran fuentes presentes en aquella reunión.
La predisposición de Báñez a incluir esta petición histórica de las
mutuas se ha topado con problemas competenciales, ya que la competencia
para dar altas médicas a los trabajadores cuando tienen una enfermedad
común la tienen en exclusiva los facultativos de los servicios
regionales de salud de las comunidades autónomas y los del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Y, según distintas fuentes consultadas,
a la enorme dificultad legal de modificar esta competencia se une el
hecho de que no todas las mutuas por su entidad tendrían la capacidad
administrativa de otorgar dichas altas.
Pero en la patronal de las mutuas no entienden esta negativa del
Gobierno a entregarles este poder. Sus argumentos son claros: en primer
lugar, los médicos de estas entidades ya están autorizados a dar las
altas a los trabajadores cuando estos están de baja por haber tenido un
accidente laboral. Y, en segundo lugar, esta medida propiciaría un gran
ahorro para las empresas y la Seguridad Social.
Según los cálculos de AMAT, si la nueva ley permitiera a las mutuas
dar el alta médica en los procesos de bajas por enfermedad común;
optimizar sus recursos sanitarios (haciéndose cargo de las pruebas
diagnósticas desde el primer día, por ejemplo); y dedicar el 1% de las
cotizaciones por contingencias profesionales a actividades preventivas
con cargo a las cotizaciones, las empresas se ahorrarían unos 5.360
millones de euros al año y la Seguridad Social, otros 2.311 millones. El
ahorro total si la ley atendiera estas tres demandas sería de unos
7.671 millones anuales.
Este ahorro llegaría fundamentalmente de acortar los periodos de baja
de los trabajadores, algo para lo que, según fuentes de AMAT, es
imprescindible que se cumplan sus peticiones en la nueva ley.
Pero quienes están trabajando en la norma parecen bastante inflexibles, sobre todo con el asunto de las altas.
Otra cosa diferente es que sí vayan a cumplir otras peticiones
orientadas a optimizar la gestión que hacen estas entidades de las bajas
por enfermedad común de los trabajadores. Por ejemplo, sí están
buscando fórmulas para que puedan atender diagnósticamente desde el
primer día de la baja estos procesos médicos en sus propias
instalaciones y con sus aparatos, adelantándose a las pruebas de los
servicios de la sanidad pública.
Asimismo podrían modificarse aspectos burocráticos de los que se
quejan las mutuas como la realización de partes de confirmación de la
baja cada siete días o el plazo de 15 días que tienen los facultativos
de la sanidad pública para contestar a las propuestas de alta que hacen
los médicos de las mutuas.
Más poder de gestión
En ambos casos desde Empleo estarían pensando en que, en lugar de los
actuales partes de confirmación de bajas semanales, la mutua pueda
elaborar su propio plan de confirmación de bajas en función de cada
enfermedad.
Asimismo, estudian acortar el plazo para que los médicos de la sanidad pública contesten a las
propuestas de alta de las mutuas, aunque en este punto existe alguna dificultad administrativa, según fuentes del sector.
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