El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quiere cerrar la legislatura recomponiendo las turbulentas relaciones con las mutuas de accidentes laborales. Para ello, ha hecho caso de una propuesta presentada por la mayoría del sector que revisa las reglas de juego mediante la introducción de una competencia tutelada. Una de las claves será una reducción de las cotizaciones sociales del 3% para las empresas que permanezcan un mínimo de tres años con una misma mutua.
Sin dejar de ser entidades que dependen de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo dará un paso para abrir un mercado que ha estado blindado a los cambios de mutua durante años por la aplicación de una moratoria. Una vez reconducidos los casos de prácticas irregulares como los descuentos ilegales para captar o retener a clientes, se ha puesto en marcha la reforma del sector.
Para ello, Trabajo dispone de una batería de medidas de las que solo podrá aprobar las más importantes y de aplicación más inmediata debido al anticipo electoral. El proyecto de reforma del reglamento de las mutuas al que ha tenido acceso este diario señala las líneas rojas que no se pueden pasar: la competencia no puede dar lugar a operaciones de lucro mercantil.
Para las empresas con más de 50 trabajadores, la medida establece la posibilidad de beneficiarse de un 2% de bonificación en las cotizaciones por contingencias profesionales si asumen su gestión directamente en lugar de a través de gestorías. Y si permanecen tres años con la misma mutua recibirán un 1% adicional. En total, un 3% de recorte de esas cotizaciones.
El proyecto de reglamento elaborado por el equipo del director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz Peña, establece una duración mínima de dos años con prórrogas sucesivas por otros dos para los convenios de asociación entre una empresa y una mutua de accidentes de trabajo. La clave de la reforma del sector consiste en que el incentivo del 1% de descuento se pierde si se cambia de mutua. Así se desincentiva la guerra comercial entre entidades.
El nuevo marco parte de una propuesta realizada por la mayoría de las mutuas. Los directivos de algunas de estas entidades consideran la norma "un paso en la buena dirección" ya que permitirá poner fin a una moratoria para el cambio de entidad, vigente hasta enero. Sin embargo, siguen reivindicando la naturaleza privada por la asociación de empresas de la gestión de las mutuas, aunque utilizan fondos públicos.
FACILITAR LA FUSIONES También se abrirá el melón de las fusiones o ventas de las sociedades de prevención creadas por las mutuas. El proyecto clarifica la total separación de recursos entre las mutuas y sus sociedades de prevención, que llevan a cabo las auditorías y los reconocimientos médicos de los trabajadores. Si se cumple ese requisito, será posible vender o incluso liquidar las filiales de prevención. Algunos directivos habían manifestado en las últimas semanas su intención de vender esas sociedades por su baja rentabilidad.
Trabajo fija la reserva mínima obligatoria en el 30% de la media de las cuotas percibidas en una trienio. El Ejecutivo se reserva la potestad de determinar en julio de cada año qué parte del beneficio restante se destina a un fondo de prevención. En el 2010, el beneficio total de las mutuas fue de 800 millones.
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